El debate por la presión impositiva sobre el sector agropecuario volvió a instalarse tras un nuevo informe del productor y dirigente cordobés Néstor Roulet, quien analizó cuánto de la renta agrícola termina en manos del Estado.

Roulet, ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas y ex funcionario del Ministerio de Agroindustria durante la gestión de Mauricio Macri, desglosó el resultado económico de una hectárea de soja trabajada en campo alquilado.

El trabajo parte del cálculo de la renta generada por esa hectárea, tomando como base los dólares que ingresan al país por la producción y restando los costos necesarios para obtenerla. Sobre esa diferencia, el dirigente analizó cómo se distribuyen los ingresos entre productor, propietario y Estado.

Según el informe, el 83% de lo que genera la hectárea se destina al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales. De ese total, el 73% queda en manos del Gobierno nacional, lo que concentra la mayor parte de la recaudación. El resto se distribuye entre provincias y municipios.

“El que reparte se queda con la mejor parte”, tituló Roulet su análisis, al señalar que el Estado, en sus distintos niveles, es el principal beneficiario de la renta agrícola.

El cálculo fue realizado sobre un esquema de campo alquilado a 12 quintales por hectárea. En ese contexto, el propietario percibe 396 dólares por hectárea en concepto de alquiler, aunque también debe afrontar impuestos nacionales —como el impuesto al cheque y Ganancias— y tributos provinciales y municipales, entre ellos Ingresos Brutos, sellado de contrato, inmobiliario rural y tasas locales.

Roulet aclaró además que en los costos no se incluyó el impacto del Ingreso Bruto aplicado a insumos y labores, que en provincias como Córdoba puede alcanzar el 13,5% final, al aplicarse en distintas etapas de la cadena.

Al distribuir la renta, el informe concluye que el Estado se queda con el 82,6% del total. El propietario del campo percibe el 23,8%, mientras que el productor —quien asume el riesgo productivo— no registra rentabilidad y presenta una pérdida estimada en 40,5 dólares por hectárea.

“Lo interesante es saber cómo se distribuye esa renta entre los distintos actores de la cadena”, planteó Roulet al presentar los números. Desde su perspectiva, la estructura tributaria impacta de manera directa en la rentabilidad del productor y reabre la discusión sobre el esquema de impuestos que enfrenta el sector.

El informe vuelve a poner en agenda una discusión que el campo mantiene desde hace años: el peso de las retenciones, los tributos nacionales y la carga impositiva provincial y municipal en la actividad agrícola. Con números concretos sobre la soja, uno de los principales cultivos de exportación del país, el dirigente buscó aportar datos al debate.

En un contexto de márgenes ajustados y costos en dólares, el análisis plantea que la ecuación económica deja al productor en una situación de resultado negativo, mientras que la mayor parte de la renta queda concentrada en el Estado nacional.

Así, el trabajo de Roulet reaviva una discusión estructural sobre la distribución de ingresos en la cadena agroindustrial y el impacto del esquema tributario sobre la producción primaria.