El Gobierno de Córdoba destinó 534 millones de pesos a la adquisición de 405 dispositivos tecnológicos para personas con discapacidad, en el marco de una iniciativa que busca facilitar el acceso a la educación, el trabajo y las herramientas de comunicación.
La entrega fue encabezada por el gobernador Martín Llaryora, acompañado por la secretaria general de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, y reunió a beneficiarios, familiares, organizaciones sociales y representantes de instituciones educativas de distintos puntos de la provincia.
El equipamiento incluyó 167 tablets, 78 notebooks y 160 dispositivos de lectura auditiva Procer, financiados mediante el Fondo Provincial de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, creado por la Ley 10.728.
Uno de los aspectos de la iniciativa fue la incorporación de dispositivos Procer, desarrollados por emprendedores cordobeses y destinados principalmente a personas ciegas o con baja visión.
Estos equipos portátiles utilizan tecnología de lectura auditiva e inteligencia artificial para permitir el acceso a documentos impresos, manuscritos y digitales. Su aplicación comprende actividades cotidianas, tareas educativas y distintas modalidades de trabajo.
Durante la presentación, Manuel Díaz Ferreyro, desarrollador de esta tecnología, realizó una demostración de su funcionamiento y destacó la importancia de vincular al Estado, las universidades y el sector privado.
“Yo creo que articular el sector público y privado con las universidades es lo que nos puede hacer progresar como país. Es algo que me llena de orgullo”, expresó.
Las tablets, por su parte, fueron asignadas mediante el trabajo conjunto con organizaciones dedicadas al acompañamiento de personas con autismo y parálisis cerebral, con el objetivo de facilitar la comunicación y el aprendizaje.
La distribución de las 78 notebooks se realizó mediante convenios institucionales y solicitudes individuales, con la participación de distintas universidades públicas.
Entre ellas se encuentra la Universidad Nacional de Río Cuarto, junto con la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Provincial de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba.
Esta articulación permite canalizar herramientas tecnológicas hacia personas que necesitan apoyos específicos para continuar sus estudios, desarrollar emprendimientos o desempeñar actividades laborales.
Además de recibir los equipos, los beneficiarios cuentan con acompañamiento y capacitación para aprovechar las posibilidades de cada dispositivo.
Durante el encuentro, Llaryora planteó que las políticas destinadas a las personas con discapacidad deben tener continuidad y traducirse en medidas concretas.
El mandatario señaló que “pensar la discapacidad como una política de Estado para todos” constituye una responsabilidad de los distintos niveles de gobierno.
Por su parte, Liliana Montero explicó que el Fondo Provincial de Inclusión Social orienta sus recursos principalmente hacia iniciativas que promuevan la autonomía personal, sin reemplazar las prestaciones correspondientes a salud, educación, deporte o cultura.
La funcionaria precisó que la proporción de recursos destinada a programas de inclusión laboral pasó del 52% durante el primer año al 76% en el período actual.
También participaron la secretaria de Coordinación y Fortalecimiento Familiar, María Eugenia Pomazan, y la directora general de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Mariana Gandolfo.
Entre los testimonios compartidos durante la jornada estuvo el de Patricia Juncos, integrante de la Asociación Hablemos de Autismo y Neurodiversidad de Villa María.
La representante explicó que los dispositivos permiten a niños, adolescentes y adultos expresar necesidades, sentimientos e inquietudes que muchas veces encuentran dificultades para comunicar.
“Nuestros hijos siempre tuvieron algo para decir; muchas veces, lo que faltaban eran las herramientas para que pudiéramos escucharlos”, manifestó.
También Florencia Álvarez y Lucas Belbruno, padres de usuarios, destacaron los cambios que genera disponer de recursos adaptados a las necesidades de sus hijos y señalaron la importancia del acompañamiento estatal y social.
El acceso al Fondo Provincial de Inclusión Social para Personas con Discapacidad contempla dos modalidades: proyectos presentados por instituciones y solicitudes individuales mediante la línea Acceder.
Las organizaciones deben contar con personería jurídica vigente e inscripción en la Inspección de Personas Jurídicas. Las propuestas son evaluadas por un comité del que participan universidades públicas.
Para las solicitudes individuales es necesario disponer del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Las personas interesadas pueden obtener información comunicándose a los teléfonos (0351) 302-8929 o (0351) 347-9527, o escribiendo a info.direcciondiscapacidad@gmail.com.
La entrega forma parte de las acciones financiadas por el fondo provincial para facilitar el acceso a tecnologías de apoyo y ampliar las posibilidades de participación educativa, laboral y social de las personas con discapacidad.